Introducción
El adjetivo autónoma y su nombre de origen, autonomía, están sólidamente arraigados en el hala universitaria. Estudiar y trabajar en una universidad autónoma nos hace presentir que el único término de los horizontes del trabajo de saber y aprender son los fundamentos que nuestra razón encuentra para sustentar nuestras afirmaciones y que no estamos sometidos a ningún poder extraño a la ciencia y a la inquisición que ensancha sus alcances. No podemos pensar que nunca en la historia de una universidad mexicana tan importante, la UNAM, ha estado sin fisura alguna libre de las presiones del poder político. Nadie puede olvidar huelgas inducidas y presiones ejercidas a través de limitaciones presupuestarias reales o amenazantes.
Sin embargo, los planes y programas normalmente se deciden en los Consejos Técnicos y Académicos y en el Consejo Universitario, la Junta de Gobierno ha gozado del respeto merecido a su plena independencia, el presupuesto, sin que nos ilusionemos imaginando una perfección poco probable, se destina a los proyectos planeados y ejecutados bajo la mirada de órganos colegiados ordinariamente libres de la codicia académica o monetaria. Humana sí, pero autónoma, como cada uno de nosotros somos humanos sí, pero libres.
Continuando esta línea de reflexión, arriesgaré acaso no una definición, sino una aproximación al núcleo de la autonomía como el derecho y el ejercicio de la comunidad de darse sus propias normas, en el ámbito de lo académico en primer lugar, y en su propio gobierno y aplicación de sus recursos, independientemente del Estado, según lo establecido por la Ley Orgánica y la normatividad vigente.
Así, la autonomía comprende la formulación de su propia legislación, la designación de sus autoridades, la planeación y ejecución de su actividad de docencia e investigación, con plena libertad académica, el reconocimiento de los aprendizajes alcanzados por sus alumnos, y la disposición de su patrimonio y sus recursos financieros para cumplir con su responsabilidad de enseñar, investigar y difundir la cultura.
En la medida en que la Universidad obtiene anualmente la mayor parte de su presupuesto del Gobierno Federal, puede estimarse que su autonomía presenta un punto débil, puesto que se ve sometida a la necesidad de una negociación con la Cámara de Diputados, de la que en general obtiene algún incremento de los recursos inicialmente destinados. Sin embargo, la limitación de los recursos trae consigo la posposición de proyectos importantes para el desarrollo científico y humanístico indispensable para el país. La UNAM, como otras universidades de los estados, imagina y proyecta más de lo que puede llevar a cabo, al carecer de los medios financieros necesarios. Finalmente, dar cuenta pública del uso de los recursos recibidos en última instancia del pueblo mexicano no afecta su autonomía, sino sobre todo es un deber de transparencia y una oportunidad de mostrar ante la Nación responsabilidad y honradez.
Autonomía, finalmente, no significa ni extraterritorialidad, puesto que los espacios que ocupan nuestras escuelas e institutos, forman parte del espacio de la nación y las leyes fundamentales rigen en ellos, sin menoscabos de las libertades fundamentales de cátedra y de investigación. Detener en el Frontón o en el Camino Verde, para no hablar de la Las Islas de la Explanada Central, decanas por décadas de la venta de estupefacientes, a ojos vistas y a comentarios comunitarios generales, no sería una violación de la autonomía, sino un ejercicio del deber de detener la comisión de un delito, al que Rectoría debería prestar su consentimiento y afrontar la demagogia que se desencadena con cualquier roce policiaco de los límites del campus universitario.
Antecedentes históricos
No fue la UNAM la primera universidad latinoamericana en obtener su autonomía. Ya en 1908 lo hizo la Universidad de Montevideo, y preparó el camino con una visión adelantada a su tiempo, el Movimiento Estudiantil de Córdoba, Argentina en 1918.
Se trataba sobre todo de progresar académicamente en medio del subdesarrollo, del atraso, para no cometer un anacronismo léxico. Para ello había que apoyar la cultura con financiamiento, responsabilidad del Estado. En este punto, sin embargo, surge una diferencia notable en el respeto que el Estado mantiene hacia las universidades europeas y norteamericanas, con respecto al que recibían las universidades de nuestro subcontinente.
En estas últimas no era una evidencia la separación indispensable entre lo político y lo educativo, lo que generaba intentos de usurpar la universidad para fines partidarios, o forzarla a servir de camino de grupos minoritarios aspirantes al poder, por ejemplo, los Rectores en las Universidades de los estados. Que esto sucediera hace un siglo no significa que se haya extinguido. Un rectorado es todavía una de las rutas hacia las gubernaturas, sobre todo si va acompañado de la conformación de lo que se llama “el grupo de la Universidad”, que congrega profesores y alumnos invitados.
La educación se debía concebir más bien como como canal de acceso a mejores condiciones culturales, económicas y sociales, para lo cual era indispensable que la Universidad tuviera una estructura propia sin dependencia en su responsabilidad específica de centros de poder.
1918 y sus aledaños fueron tiempos de transformaciones y crisis. Además del Movimiento Estudiantil ya citado, en el trasfondo del término insatisfactorio de la Gran Guerra, tuvieron lugar la Revolución Rusa y la Revolución Mexicana. De ésta comenzó a surgir una nueva clase media y a desplazar a la oligarquía, uno de cuyos reductos era la Universidad. Así, la reforma de la universidad se va ligando a la reforma de la sociedad en su conjunto.
La clave de esta transformación necesaria puede situarse en la conquista de la libertad de cátedra, que se acompañaba de la estima del valor de la ciencia (positivista) y exigía, como condición indispensable, la autonomía, siguiendo la tradición europea. La Universidad, visiblemente sobre todo en sus estudiantes, pretendía participar en el sistema creado por el liberalismo sin depender de sus centros de poder.
En México, la Universidad era refugio de las clases afectadas por el cambio de estructuras. No vanguardia de izquierda (sindicatos).
En 1910, el Estado Porfirista crea la Universidad Nacional gracias a los esfuerzos de Justo Sierra, en la perspectiva de incorporar a México al desarrollo industrial. La nueva Universidad, renacida tras la supresión de su antecedente, la colonial Universidad Pontificia, prohijada por la Universidad de Salamanca a mediados del siglo XVI, depende ahora de la Secretaría de Instrucción Pública, máxima autoridad en el sector educativo; el Presidente nombra al Rector. El Secretario autoriza los nombramientos de profesores. La Secretaría nombra a cuatro profesores miembros del Consejo Universitario, reforma planes y programas de estudio, aprueba la extensión universitaria, maneja los recursos económicos, cuando exceden cierta cantidad.
Don Justo pelea firmemente la pertenencia a la Universidad Nacional de la Escuela Preparatoria de Gabino Barreda, objetada por diputados que juzgaban inconcebible que adolescentes de bachillerato pertenecieran al Consejo Universitario.
Al margen de la revolución y en sus años oscuros, la Universidad sigue formando gente culta y en profesiones liberales. Tiene lugar así una distancia de la educación superior que la aparta del desarrollo político y social del país. Don Justo sale adelante, pero esta inclusión, junto con el respaldo institucional de pertenecer a la UNAM, modificó la función tradicional de la Escuela Nacional Preparatoria. No se encaminaba ya a formar ciudadanos cultos, condición que se reconocía como el primer grado universitario y reconocía a los egresados formados para participar en la vida pública cultural y ciudadana, sino a servir de antecedente a las carreras universitarias y en gran medida sometida a las necesidades de éstas.
Hacia 1917, cambian las relaciones entre la Universidad y el Estado revolucionario. Los constitucionalistas se apropian el poder en la Universidad, al designar a funcionarios y profesores. La Universidad, por su parte, conoce sus posibilidades políticas y los estudiantes se inician en prácticas de lucha.
Al comienzo de la década siguiente, surgen diversos proyectos de autonomía, impulsados por Ezequiel A. Chávez y apoyados por estudiantes. Alcanzan la autonomía universidades de los estados, en particular la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo (1917) y la de San Luis Potosí (1923).
No pretendo en este texto trazar la historia detallada de la autonomía de la UNAM, información disponible en trabajos de historia completos y sobre todo producto de especialistas. Me limito a los grandes hitos del discurrir de las facetas de la concepción de la autonomía y a su obtención aventurada para nuestra universidad. Finalmente, me importa más hablar del presente de la responsabilidad frente a la autonomía de cada uno de nosotros en el trabajo ordinario y en las circunstancias en las que ocurre, tema que trataré en la parte final del presente resumen.
Omito, en esta perspectiva, las etapas de la tercera década del siglo, por cierto no inexistentes y retomo la cronología en 1929, año cargado de acontecimientos decisivos: se impone el fin de la Guerra Cristera, con los acuerdos del Vaticano con Portes Gil y el asesinato de muchos de los líderes de la sublevación; se desarrolla la campaña electoral de Vasconcelos, antes Secretario de Instrucción Pública y Rector de la Universidad Nacional, por la presidencia de la República, acompañado por numerosos estudiantes universitarios, movimiento reprimido por la Presidencia de la República y finalmente frustrado; finalmente se celebró el Sexto Congreso Nacional de Estudiantes que elige a Alejandro Gómez Arias como presidente.
El camino hacia la autonomía
En la primavera de 1929 se declaran en huelga 54 escuelas de la Ciudad de México y 25 mil estudiantes. Se establece un Comité de Huelga y estalla el enfrentamiento con el Estado entre mayo y junio. El movimiento se caracteriza por su independencia y espontaneidad, pero recibe la influencia de las experiencias de otros movimientos en Argentina y Perú, donde surgen la figuras de Haya de la Torre y de José Antonio Mella en Cuba.
El movimiento estudiantil reflejaba la división surgida tras la Guerra Cristera: mientras las derechas consideraban la Universidad como un baluarte de sus ideas y un campo para combatir al gobierno, la mayoría de los estudiantes exigían el cumplimiento de un acuerdo de 1928 con el que Puig Casauranc, Secretario de Instrucción, reconocía el voto a los representantes de los estudiantes en el Consejo Universitario y su intervención en el nombramiento del personal directivo de la Universidad. Con la llegada de Ezequiel Padilla a la Secretaría, las relaciones se tensan.
1929 reúne demandas locales dispares y dispersas, pero confluyen en el interlocutor del Estado, que tiene que aceptarlas o encontrar subterfugios para negarlas o posponerlas. Así, Jurisprudencia y la Escuela Nacional Preparatoria demandan un ciclo de estudios de tres años en lugar de dos. En Derecho el movimiento local desconoce el nombramiento de Narciso Bassols como director. Cuando el Secretario de Instrucción Pública trata de aplicar exámenes trimestrales en vez de finales, se desata el movimiento estudiantil generalizado. Se ensayan intentos de conciliación, que fracasan, y la gran reunión estudiantil, celebrada en “El Generalito” el 9 de mayo, declara la huelga.
El movimiento recibe un fuerte impulso. A Derecho se une la Escuela Nacional Preparatoria el 21 de mayo y la siguen otras escuelas de la Ciudad. El 23 los estudiantes se enfrentan a la policía y a los bomberos en un mitin violento. La violencia produce mayor solidaridad de la sociedad con los estudiantes.
En resumen, se declaran en huelga 54 escuelas de la Ciudad de México y 25 mil estudiantes. Se establece un Comité de Huelga y estalla el enfrentamiento frontal con el Estado entre mayo y junio. La participación de las escuelas y grupos de estudiantes es desigual, pero destacan la Escuela de Derecho, por sus líderes y su peso en el movimiento, la Escuela Nacional Preparatoria, los más jóvenes, y la Escuela de Medicina.
Las autoridades, el rector Castro Leal y el Secretario Ezequiel Padilla responden con argumentos legales y amenazas de severas sanciones. La negociación se vuelve imposible. Los estudiantes califican el nuevo sistema de evaluación como antinacionalista y anacrónico.
Portes Gil asume la misma posición y clausura “indefinidamente” la Facultad de Jurisprudencia. Los estudiantes centralizan su organización, apoyados en las agrupaciones estudiantiles ya existentes y experimentadas. Muchos habían aprendido a mantenerse firmes en la campaña de Vasconcelos por la presidencia de la República, enfrentándose al poder del Estado, que se había ejercido sin miramientos. Portes Gil trata de desprestigiar a los líderes acusándolos de tener motivos políticos por sus relaciones con la campaña de Vasconcelos.
Alejandro Gómez Arias es el presidente del Comité de Huelga. Salvador Azuela, García Villalobos, y otros dirigentes destacados provienen de las nuevas clases medias formadas a raíz de la Revolución de 1910. Niegan que la Universidad sea considerada como un lujo, es más bien un instrumento de ascenso social.
Sustituto de Ezequiel Padilla, menos rígido, Puig Casauranc corrige el rumbo: retira las fuerzas del orden e interviene ante el Presidente.
Alejandro Gómez Arias redacta el 23 de mayo una carta con las demandas de los estudiantes: castigo al jefe de la Policía, retiro de las fuerzas del orden, reconocimiento de los planes de estudio de los estudiantes, abolición del sistema de reconocimientos (trimestrales). Con palabras distintas asoma claramente la autonomía entre las demandas de los estudiantes: se trata de “… organizar la vida universitaria con sujeción a sus propias normas. La autodeterminación universitaria no es un ideal anárquico…”
Finalmente, en uno de los primeros ensayos de acaparar los avances como iniciativas propias aunque las hayan combatido pocos días antes, se crea una situación ambigua acerca de quién estableció la autonomía, si es una decisión del presidente o un triunfo de los estudiantes, en verdad más preocupados por condiciones operativas inmediatas, pero partícipes de una conciencia clara del sentido de la autonomía. Los universitarios pensamos que la autonomía la obtuvo la Universidad.
Puig Casauranc propone la autonomía a Portes Gil, para que la Universidad resuelva sus problemas, sin que el Presidente tenga que atender las demandas estudiantiles, consideradas obviamente de menor importancia, riesgosamente frecuentes y usualmente tumultuosas. Para el Gobierno es también conveniente reconocer una “Absoluta autonomía técnica, administrativa y económica a la Universidad Nacional”.
La propuesta incluía asimismo la creación de Consejos Técnicos para escuelas técnicas, la incorporación de secundarias a la ENP, la paridad de voto en el Consejo Universitario, la designación del rector de una terna presentada a la Secretaría de Instrucción por el Consejo Universitario.
Portes Gil hace elaborar una Ley de Autonomía Universitaria en la que destacan puntos como los siguientes: atribuye al gobierno el mérito de haber concedido la autonomía y puesto término a la huelga estudiantil, ya nacional; concede una autonomía limitada; aspira a no relajar el principio de autoridad y deja fuera otras peticiones estudiantiles.
La nueva ley saca a los estudiantes de la vida política del país y los limita a las cuestiones puramente universitarias. Al parecer, Portes Gil espera que los universitarios continúen el conflicto, que estalle el caso y poder cerrar la universidad. El 10 de julio se promulga la Ley orgánica de la Universidad Autónoma de México, en medio de la desconfianza de los profesores de un centro de educación superior marcadamente elitista, y en la visión del Gobierno como un expediente para desacreditar a “una institución molesta por sus antecedentes históricos y desagradable por las posibilidades que podía acreditar en el futuro.”
Así pues, mirada con ojos de hoy, la primera autonomía parece más bien meramente nominal: finalmente el Presidente presenta al Consejo Universitario una terna para rector, es decir, cualquier futuro Rector llevará el visto bueno explícito de la Presidencia; el Gobierno tiene derecho de veto contra las resoluciones universitarias; la Secretaría de Educación tiene un representante en el Consejo Universitario con voz; el Rector debe informar anualmente al presidente, al Congreso y a la Secretaría; la Universidad no tiene patrimonio propio, sino recibe un subsidio del Gobierno, que la Cámara fija anualmente y no debe ser menor a cuatro millones de pesos. El Presidente vigila el manejo de estos fondos. Por su parte, los Universitarios son responsables de la autonomía.
La lucha por la autonomía continúa
En 1978 se inauguró un año de celebraciones por el 50° aniversario de la autonomía universitaria. Asistió a la ceremonia de inauguración en el Palacio de Minería Don Alejandro Gómez Arias. Las fotografías de 50 años antes muestran a un muchacho ni alto ni bajo, pero con saco y sombrero. La ENP era entonces la puerta social a la cultura y a la responsabilidad de la adultez. Don Alejandro, ahora, entonces en 78, debía tener cerca de 70 años, pero todavía no llegaba la multiplicación actual de las personas mayores. Tuvimos la suerte de ver pasar, con paso de edad avanzada, a un personaje que de joven encabezó con éxito la obtención política de una de las características esenciales de la Universidad mexicana. Pensamos qué sería de nosotros cuando el Colegio cumpliera 50 años.
Porque en realidad la lucha contra los ataques a la autonomía nunca ha cesado, ni su defensa ha sido lo consistente y firme que tan gran condición merece.
En efecto, la autonomía no solamente se contrapone a las intervenciones externas a la Universidad. Se lesiona la autonomía siempre que el conocimiento científico, la libertad de pensamiento, de expresión y de cátedra sufre limitaciones o los valores de una educación humanista y para la ciudadanía se menoscaban.
Sobran ejemplos de todos los tipos.
Un grupo de individuos se aloja en la Reserva Ecológica y, por las condiciones mismas de su inserción en un medio silvestre, destruye y contamina. Pasan meses, ¿años?, y siguen ahí o han sido sustituidos por otros o se les han agregado nuevos aspirantes a tener un refugio que en la práctica pocos o nadie visita ordinariamente. No es únicamente un tema de territorio perdido en abstracto, sino de un paraje desviado de su destino universitario para conservar la flora y la fauna de la región de los pedregales generados por el Xitle.
Un grupo violento, también si se disfraza de activista, encapuchado de preferencia, toma una dirección, cierra un Plantel, se apodera de un local para usos extraños al quehacer de los universitarios. Nadie puede impedirlo, porque se corre el riesgo de provocar un conflicto mayor que puede llegar hasta Rectoría. Pero las clases no se imparten, bibliotecas y laboratorios se clausuran, la autoridad local se muestra impotente. Los alumnos se preguntarán si la UNAM tiene leyes y, si es así, por qué no se cumplen ni se hacen cumplir. La autonomía se ha desvanecido y con ella la idea de que las leyes se redactan y se publican, pero no es necesario hacer que se cumplan.
Lo mismo puede decirse, con otros tintes, de que todas las tardes de los viernes un grupo impreciso de alumnos, unos 30, se reúnen en un prado al lado del edificio de la Secretaría Académica de una de las escuelas de Ciudad Universitaria. ¿Desde cuándo? No sabemos, podemos decir que nos consta que sucede desde hace más de 12 años. No se impiden las clases, pero sí los valores cuyos lemas en los últimos años han difundido las autoridades. Mientras las botellas, de cerveza, por cierto, y pocas de ron o bebidas más fuertes, se amontonan en el prado hasta que las recoge Mantenimiento de CU o cualquiera que sea la instancia responsable. Se sabe que sucede, o la información que reciben las autoridades responsables tiene graves deficiencias, sucede, nadie interviene. Así las autoridades dan pie a la impunidad. Luego nos sorprendemos de la difusa sensación universal de que México es un país donde puedes violentar las normas y no te pasa gran cosa, o nada. Y la Universidad está puesta para educar, algo le impide hacerlo y violenta su autonomía.
Un profesor no enseña los contenidos de su materia, claramente determinados por el Consejo Técnico, sino consagra su clase al adoctrinamiento o a preparar con sus alumnos de Diseño Gráfico carteles contra las autoridades. Los alumnos pueden expresarse. Ha habido en el Colegio “muros de expresión”, decenas de metros de lámina para pegar lo que cada quién considera de interés para la comunidad. Pero Diseño Gráfico no es un instrumento educativo destinado a entrenar en la lucha contra las autoridades. También aquí se desvían recursos de la UNAM, de la función educativa que es su responsabilidad, a las pequeñas y a veces ridículas demandas de profesores insatisfechos.
La Junta de Gobierno es garante de la autonomía. Podemos emitir un enunciado, no un juicio, que reconozca que cumple con una de las funciones que representan centralmente la autonomía, la designación del Rector y los Directores de Facultades y escuelas Nacionales. Sin embargo, no es infrecuente, tras una designación formalmente intachable, que las comunidades se pregunten por qué, si se advirtió claramente a la Junta que sucedería con toda probabilidad esto que comenzamos a sufrir desde el primer mes y seguirá durante cuatro años, la ignorancia de las condiciones reales de la escuela, el desinterés por el servicio a los profesores, la altanería y la dificultad de obtener una entrevista para hacer conocer problemas institucionales, la incompetencia de los funcionarios nombrados y mantenidos. Lo oyeron, no lo consideraron válido, pero tampoco comprobaron su invalidez, sino más tranquilamente designaron al mismo a pesar de los rasgos que una parte significativa de la comunidad señalaba. Una vez más, la decisión no respetó la autonomía universitaria, al no asegurar el funcionamiento debido de una de las escuelas y confiarlo a quien no podría hacerse cargo del mismo.
La autonomía se conquista diariamente: enseñando los programas, con las libertades que la Universidad reconoce; formando alumnos honestos, críticos, solidarios, que reconozcan el beneficio que reciben por pertenecer a la UNAM; trabajando para que los resultados académicos de la Universidad sean su mejor justificación y defensa.
Todos y cada día conquistamos la autonomía de nuestra Universidad. Ì